El Instituto Nacional de Estadística va a hacer el próximo año una ligera modificación en el grupo de productos que usa como referencia básica para medir los cambios de los precios al consumo. Este grupo de productos, conocido como la 'cesta' de consumo, se compone de unos quinientos bienes y servicios finales cuya función es representar un perfil fiable del consumo familiar.
La tarea del INE, por lo tanto, es triple:
- primero identificar la 'cesta', es decir, qué bienes incluir y cuáles dejar fuera;
- después, determinar qué importancia tiene cada uno y asignarle un peso porcentual dentro de la cesta;
- y finalmente, ver cómo cambian los precios de cada uno de los elementos.
La modificación de la cesta anunciada estos días, no tiene carácter extraordinario.
De hecho se hace de manera periódica y coordinada con el resto de la Unión Europea desde hace ya cinco años.
Lo que tiene de llamativo es que esta vez se incluyen productos como los preservativos o servicios como la cirugía estética que han hecho que la noticia haya despertado más atención, mientras que salen de la cesta productos en desuso como la leche fresca o las lociones de afeitado.
En definitiva se trata de una continua adaptación de la cesta que permita medir un cambio fiable y representativo de los precios. Al margen de lo llamativo de los productos que entran y salen en la cesta de consumo, el IPC es un dato de suma importancia en nuestra economía y por eso conviene recordar sus limitaciones y problemas técnicos.
La composición de la cesta y la distinta valoración estadística que se le de a cada elemento lo calcula el INE a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares que hace de manera regular, pero el problema de un índice de precios basado en una cesta cambiante es su significación decreciente a largo plazo y la necesidad de hacer enlaces de índices a corto plazo que ofrezcan continuidad.
La composición de la cesta, además, es un promedio estadístico que intenta reflejar el consumo de un ciudadano tipo. Pero muchos consumidores no se sienten fielmente representados por ella porque reconocen en la muestra presencias y ausencias -piénsese en el precio de la vivienda y las hipotecas, por ejemplo- que nada tienen que ver con su estructura individual de consumo.
No se trata de abolir el IPC o de no hacer caso de sus tendencias generales, pero las limitaciones de este indicador deberían inducir a que no se sacralice su validez, y a que no sirva de punto de referencia de tantas otras variables (pensiones, alquileres, convenios) de tal manera que se convierta en un instrumento de manipulación política en vez de un simple indicador con aplicación orientativa.
